La sociedad española está atravesando un periodo de enormes dificultades. La crisis económica internacional está presentando en nuestro país su cara más amarga.
El incremento del número de parados en el conjunto de España, y por ello también en Cantabria, es enormemente preocupante, y nos obliga, a quienes detentamos responsabilidades públicas, a hacer un esfuerzo que, si ya sería necesario en otras circunstancias, en las actuales es indispensable.
El paro, una vez más, incide especialmente en los más desfavorecidos, en quienes han tenido la mala fortuna de tener que incorporarse a un mercado laboral maltrecho, en plena crisis, o en quienes realizaban trabajos eventuales.
No es posible saber cuándo se iniciará la recuperación económica, pero lo que es seguro es que se necesitará tiempo, quizás varios años, para que dicha recuperación afecte al mercado laboral y la tasa de desempleo vuelva a los niveles de hace un año.
Los poderes públicos debemos hacer un especial ejercicio de responsabilidad. Lo último que puede tolerarse en las actuales circunstancias es un uso partidista de los recursos públicos. Es exigible, por tanto, que el gobierno acabe con las prácticas sectarias con las que penaliza a una determinada administración por su color político, y con ello penaliza a los ciudadanos -sea cuál sea su ideología- privándolos de sus derechos más elementales. El gobierno debe tener altura de miras. Las administraciones debemos ser solidarias y justas, para que los recursos, que son limitados, alcancen a quienes más los necesitan.
Santander no puede, bajo ninguna circunstancia, ser marginada en la distribución de los recursos de empleo por el gobierno regional, porque los santanderinos son cántabros y tienen derecho a acceder a los programas de empleo en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos de la región. Nadie exige privilegios, sólo pedimos equidad. Un trato justo. Que no se haga pagar a los más débiles la mezquindad de ciertas políticas que priman intereses electorales frente a los intereses de las personas.
El Servicio de empleo tiene la obligación de que los recursos lleguen equitativamente a todos los ciudadanos, y una ciudad, como es Santander, que concentra un tercio de los ciudadanos de Cantabria, no puede ser olvidada por el gobierno.
Escudarse en presuntos informes técnicos, escudarse en tecnicismos metodológicos para arrebatar a los santanderinos su derecho a los programas de empleo es una irresponsabilidad; intolerable siempre, y en estos momentos mucho más.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander lleva seis años clamando por la necesidad de un Pacto Local de Empleo que evite este tipo de situaciones, como la producida en la asignación de fondos para el programa de Escuelas Taller, donde hemos sido injustamente discriminados.
Un tercio de los habitantes de Cantabria no pueden pagar ni los complejos ni las rencillas partidistas de la Vicepresidenta Gorostiaga.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha realizado una oferta de consenso a los concejales de los grupos socialista y regionalista de Santander para alcanzar un pacto presupuestario contra la crisis y a favor del empleo.
Este es el momento de demostrar que se está a la altura de las circunstancias. El momento para demostrar quién trabaja en defensa de los intereses de los santanderinos, especialmente aquellos que más están sufriendo por la lacra del paro, y quién, por el contrario, trabaja, exclusivamente, a favor de los intereses electorales de su partido.
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